El gobierno de Netanyahu se anexiona Cisjordania “a un ritmo sin precedentes”, denuncian ONG israelíes
El actual gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu e integrado por formaciones de extrema derecha, impulsa la anexión de facto de Cisjordania “a un ritmo sin precedentes” en la historia. Es la conclusión de una amplia investigación que dos organizaciones israelíes de derechos humanos, Paz Ahora y Kerem Navot, publican este martes.
En el documento, donde se describe el 37º Ejecutivo israelí como ”el más corrupto, racista y violento de todos sus predecesores”, ambos grupos ponen el foco en la gestión sobre ese territorio ocupado palestino, donde aseguran que la política israelí ha pasado “de la expansión gradual” de la ocupación, iniciada en 1967, a la “aceleración institucionalizada”.
A tenor de lo expuesto en el análisis, la formación del actual Gobierno tras las elecciones en 2022 ha deteriorado todavía más el pronóstico de un futuro acuerdo político basado en la convivencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino. El derecho internacional contempla la creación de un Estado palestino independiente que se levante sobre Cisjordania, la franja de Gaza —actualmente arrasada— y la parte Este de Jerusalén, también bajo ocupación israelí. Sin embargo, señala la investigación, el Ejecutivo de Netanyahu aplica una serie de medidas que crean “una realidad de anexión de facto sobre el terreno” y “desmantelan sistemáticamente el espacio palestino”.
Los pactos que Netanyahu cerró hace cuatro años con Sionismo Religioso (una coalición de partidos antiárabes y hasta entonces marginales) para seguir como primer ministro fueron un punto de inflexión para Cisjordania. La coalición de Gobierno impulsó al poder a representantes del ala más radical del movimiento colono. Entre ellos, a Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas), Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) o Orit Strock (Asentamientos y Misiones Nacionales, un nuevo ministerio).
Estos líderes se aseguraron enormes prerrogativas sobre el territorio ocupado, gracias a la transferencia de parte de la gestión de Cisjordania desde un cuerpo castrense, como debería corresponder a una ocupación militar, a un órgano civil. Paz Ahora ve este movimiento como una anexión virtual, ya que los cuerpos gubernamentales en Israel “están obligados, por definición, a promover los intereses israelíes”, y no los de los palestinos.
“A estas alturas del sangriento conflicto por esta tierra, es más claro que nunca que se requiere una decidida intervención internacional”, reza la introducción de la investigación, haciendo referencia a las numerosas víctimas mortales —más de 1.000 desde 2023— causadas por el ejército israelí en Cisjordania, a veces durante operaciones contra grupos armados palestinos que dicen defender a sus comunidades. “Debe arrebatarse el control de Cisjordania al Estado de Israel y obligarlo a desmantelar los mecanismos de control militar y de apartheid a los que se ha vuelto adicto”, advierte el informe.
40.000 viviendas más
Entre 2023 y 2025, el periodo en el que se centra el estudio, el Gobierno ha hecho planes para establecer 102 nuevos asentamientos y para construir 40.000 viviendas más en Cisjordania. En ambos casos, la mayoría de esos proyectos, de uso exclusivo para judíos israelíes, se han trazado desde inicios de 2025.
Se estima que esas construcciones, que violan la legislación internacional, podrían acoger hasta 200.000 colonos adicionales, en un territorio donde ya residen medio millón de israelíes en unos 340 asentamientos. Todos están en el Área C, el 60% del territorio donde los Acuerdos de Oslo otorgaban el control a Israel, mientras la Autoridad Nacional Palestina (ANP) retiene sobre el papel una gestión civil o de seguridad en el resto de la zona. Los colonos viven junto a tres millones de palestinos, marginados por un modelo de gobernanza que grupos locales e internacionales han descrito como un sistema de apartheid que sirve a la supremacía judía.
Pero la nueva punta de lanza en la desposesión de los palestinos, según Paz Ahora y Kerem Navot, son los colonos. Durante la presente legislatura, grupos de colonizadores israelíes han establecido 185 nuevos puestos de avanzada, de los cuales la mayoría son de tipo agrícola. Se trata de un efectivo método de arraigar una presencia civil y de apropiarse de áreas abiertas. Israel ya ensaya la técnica en los territorios recientemente ocupados en el sur de Siria, después de haber adquirido el control del 18% de Cisjordania solo mediante estos puestos de avanzada, según la investigación.
Los puestos de avanzada son ilegales incluso a ojos de la legislación israelí, pero el Gobierno los legaliza en ocasiones después de manera retroactiva. El actual Ejecutivo los suele apoyar directamente. En 2024, se hizo pública una lista de 70 puestos de avanzada que Smotrich pidió desarrollar pese a ser ilegales. Paz Ahora y Kerem Navot señalan que ese apoyo existe pese a que los residentes de algunas colonias son responsables “de buena parte de la violencia y del terrorismo [que existe] contra los residentes palestinos”.
La expansión territorial de estas estructuras, que desde los ataques que Hamás lanzó sobre Israel en 2023 son presentados como una línea defensiva avanzada, se ha apropiado solo durante 2025 de 300 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de la franja de Gaza.
En 2019 se registró la primera expulsión de una comunidad de pastores palestinos a manos de colonos, pero desde 2023 hasta 2025 fueron 118 las comunidades, en su mayoría beduinas y en el valle del Jordán (Área C), las que se vieron forzosamente desplazadas de sus tierras, ya fuera por violencia directa, negación de acceso a pastos y agua o por falta de protección. Según el grupo B’Tselem, nueve familias o comunidades más han debido partir durante el inicio de 2026.
Un 80% más de demoliciones
Expansión agrícola aparte, las demoliciones con las que Israel castiga las infraestructuras palestinas construidas en el Área C sin su permiso —casi imposible de conseguir para los palestinos— han aumentado un 80% desde 2023, según la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos humanitarios (OCHA, en sus siglas inglesas). Antes, Smotrich había ordenado un incremento del presupuesto de la unidad de inspección de un 40%, propiciando la expansión de las operaciones.
La investigación de los grupos israelíes también recoge un entramado de medidas para agilizar la planificación y la legalización de los asentamientos, o para forzar a los palestinos a demostrar su propiedad “bajo condiciones que la mayoría no puede cumplir”. También fue Smotrich quien en 2024 admitió una inversión cercana a 2.000 millones de euros para construir carreteras entre asentamientos en Cisjordania, agrietando aún más el territorio palestino. La cifra alcanza un tercio de lo que Israel invierte anualmente en carreteras dentro del país, pero en este caso la inversión solo beneficiará a la pequeña porción que representan los colonos.
Aunque su anuncio llegó en 2026, la investigación denuncia maniobras que el Gobierno israelí promovió recientemente para arrebatar ciertos poderes a la Autoridad Nacional Palestina en las áreas A y B. Mediante algunas de estas acciones, Israel se adjudica la capacidad de derribar estructuras si se percibe que dañan lugares arqueológicos, fuentes de agua o el medio ambiente, conceptos vagos, denuncian los analistas, que podrían frenar casi cualquier construcción palestina.
