La jornada de 35 horas avanza en la administración autonómica y local y anticipa conflictos donde aún no se ha implantado
El Gobierno aprobó el 15 de abril la jornada de 35 horas semanales para los 250.000 trabajadores que tiene la Administración General del Estado (AGE). Ese nuevo escenario en la Administración central esperanzó a los funcionarios de entidades locales y autonómicas —la mayoría de los más de tres millones de empleados públicos que existen en España— que aún no tienen esa jornada: lo veían como un argumento irrebatible en sus mesas de negociación. Y, efectivamente, esa novedad ha agitado las conversaciones y su aplicación en algunos territorios. En otros, donde aún siguen esperando, han amenazado con movilizaciones e incluso con paros si sus reclamaciones no son atendidas.
En abril, cuando el Ministerio de Función Pública contrajo la jornada semanal a 35 horas en la AGE (desde 37 horas y media), había seis comunidades en las que por norma general los empleados autonómicos trabajaban 37 horas y media: Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Navarra. En las otras 11 entonces ya regía la jornada de siete horas al día en promedio, frente a las siete y media de las otras seis. El panorama es variopinto en esos seis territorios: algunos ya iban camino de aprobar las 35 horas antes de la decisión estatal y ya lo han conseguido, otros se encuentran en fase de negociación y también hay algunos donde ese diálogo no arranca, así que los sindicatos advierten de posibles movilizaciones.
Empezando por el último grupo, el caso más paradigmático es el de la Comunidad de Madrid. Aida San Millán, de CC OO en la región, explica que intentaron trasladar a la negociación con el gobierno autonómico la reducción de jornada en cuanto se aprobó para la Administración central: “La respuesta fue de bloqueo. Nos dijeron que no podían hacerlo así de golpe porque somos muchos empleados, que necesitaban tiempo y que hiciésemos nosotros una propuesta de viabilidad”.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, de la que depende la Dirección General de Función Pública, se limita a contestar que están esperando esa propuesta sindical, pese a que San Millán argumenta que ya la han entregado. “Hicimos un estudio por sectores y se lo dimos. Dijeron que nos iban a convocar para valorarlo y no lo han hecho ”, agrega la sindicalista. Dice no entender por qué “si Madrid es una de las comunidades más ricas” no tiene aún las 35 horas, “que ya aplican en casi todas las autonomías”. Ya han avisado al Gobierno regional de que plantean movilizaciones y paros si no se avanza en esta política: “Si no nos convocan, nuestro lugar va a estar en la calle”.
Es un discurso parecido al de la responsable de servicios públicos de UGT en Galicia, Irene Martínez: “En cuanto se aprobó en la AGE solicitamos formalmente la transposición del acuerdo estatal, pero no nos convocaron. Si no lo hacen pronto, valoraremos qué medidas tomamos”. La Consejería de Hacienda de la Xunta no aclara a este periódico si está dispuesta a abrir esa conversación. Se limita a subrayar que el cambio de 37 horas y media a 35 exigiría un cambio de una ley autonómica, sin precisar si tiene intención de hacerlo.
Negociación en Cataluña
También trabajan 37 horas y media los funcionarios de la administración autonómica de Cataluña. El Gobierno de Salvador Illa sí ha accedido a abrir una negociación para aplicar las 35 horas, pero los sindicatos denuncian que está atascada por el cómputo de las horas anuales. El Departamento de Presidencia de la Generalitat contrapone que el diálogo “continúa”, que no está estancado. “El Gobierno mantiene su voluntad de negociar la jornada de 35 horas. Seguimos trabajando con criterios de rigor, equidad y coherencia”, sostiene la Generalitat. “La gente está muy cabreada. No tiene sentido que aún no nos hayan recortado la jornada”, opina Modesto Berciano, del sindicato CSIF.
La jornada también es de siete horas y media en Navarra. Patxi Larumbe, coordinador del Área Pública de CC OO en la comunidad foral, explica que las negociaciones de los sindicatos con el Ejecutivo se han centrado en los últimos meses en la aprobación de un nuevo estatuto para los funcionarios navarros, que contiene varios cambios de calado. De momento, entre ellos no está la jornada de 35 horas. “Lo vamos a reclamar, es una reivindicación lógica”, dice Larumbe. El Gobierno de Navarra dice que ve de “manera positiva” la jornada de 35 horas y que en el marco del nuevo estatuto “se abordará la jornada de 35 horas”.
El Gobierno de Navarra ve de manera positiva la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales. En Navarra ya se cuenta con un calendario laboral que se ajusta bastante al del Estado porque disponemos de 27 días laborables de vacaciones frente a los 22 del Estado. En estos momentos, se está regulando a través del Estatuto de Personal un nuevo marco organizativo en materia de función pública, que supone numerosas mejoras para los empleados públicos, así como estudios de puesto de trabajo. .
Las otras dos comunidades en las que regían las 37 horas y media en primavera son la Comunidad Valenciana y Baleares. En la primera se acaba de anunciar el acuerdo entre Generalitat y sindicatos para aplicar la jornada de 35 horas, pendiente de ratificación en el Diari Oficial de la Generalitat. Por otra parte, Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, explica que las 35 horas aplican en los servicios centrales de las islas desde el 1 de junio. Esta jornada, añade, llegó antes a la sanidad balear (enero de 2023) y al profesorado (el curso pasado).
En el resto de comunidades las 35 horas fueron llegando a distintos ritmos. Algunas tenían esta jornada antes de 2012, pero entonces la perdieron por mandato legal. El Gobierno de Mariano Rajoy prohibió esta posibilidad en todas las administraciones por las estrecheces de la Gran Recesión y estableció, por norma general, las 37 horas y media. Esta limitación se suprimió en 2018 y varias administraciones autonómicas volvieron a recuperar el esquema de 35 horas.
Esa organización del tiempo de trabajo también cunde en los ayuntamientos. Según un repaso de este periódico efectuado en marzo, 35 de 56 grandes ciudades españolas consultadas (todas las capitales de provincia, las dos ciudades autónomas y otras cuatro muy pobladas) ya habían establecido entonces la jornada de 35 horas para sus empleados municipales. Entre ellas están Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Murcia. Pero 21 aún mantenían una jornada más larga.
La más poblada de todas ellas y donde aún trabajan 37 horas y media es Valencia, situación que no ha cambiado tras la modificación estatal de abril ni por el reciente avance autonómico. “Aunque se ha tratado en algunas mesas, como en la última primavera, posiblemente quede ya para el próximo mandato y para un previsible acuerdo laboral para la legislatura 2027-2031″, dicen desde CSIF en Valencia.
Tampoco ha variado en Palma, Vitoria o A Coruña, pero los sindicatos buscan que el recorte de jornada también llegue a estos municipios. Juan Loureiro, responsable de la Administración local en UGT Galicia, explica que en la ciudad coruñesa están “en fase de negociación” y que el Ayuntamiento, de momento, “está algo reacio”. “Pero lo vamos a conseguir por lo civil o por lo criminal. Si nos obligan a movilizarnos lo vamos a hacer, forzaremos la máquina”, dice.
Conocedor del avance en otros municipios gallegos, Loureiro sostiene que en algunas pequeñas localidades está siendo “muy difícil” convencer a los alcaldes. En los grandes municipios a nivel nacional, siguen con 37 horas y media tras la decisión en la AGE en Ciudad Real, Soria o Teruel, entre otros.
Traslación de AGE a ayuntamientos
Con todo, Loureiro interpreta que esos regidores, si se enrocan, tienen las de perder a futuro si se judicializa el conflicto. La interpretación de los sindicatos es que la resolución de la AGE debería ser de aplicación directa en los ayuntamientos porque la ley reguladora de las bases del régimen local sostiene lo siguiente: “La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.
El Gobierno central, y muchos ayuntamientos, hacen una lectura distinta porque el decreto de abril precisa lo siguiente: “La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones”. Sin embargo, los sindicatos subrayan que ese texto es una resolución, de menor rango que una ley, así que debería prevalecer la equivalencia entre funcionarios estatales y municipales.
Hay otros ayuntamientos en los que esta discusión no será necesaria porque sí han modificado su jornada tras la resolución de abril, como el de León. Juan Miguel Martínez, secretario provincial de servicios públicos de UGT en León, explica que el consistorio aprobó las 35 horas el 1 de julio. “Los únicos que no lo están disfrutando son los policías y los bomberos. Al estar escasos de efectivos y no haber bolsas de personal, es más difícil cuadrar los turnos, pero están en negociaciones”, explica el sindicalista. Esa misma situación, en la que resulta más compleja la aplicación para policías y bomberos, se replica en otras ciudades.
Mientras tanto, la jornada laboral ordinaria para el común de los trabajadores es de 40 horas. El intento del Gobierno de reducirla a 37 horas y media se estrelló hace ya un año con la mayoría de derechas del Congreso: PP, Vox y Junts rechazaron la medida acordada por el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT y que detestaban las patronales. Yolanda Díaz prometió que volvería a llevar la iniciativa a la Cámara, pero de momento no ha habido avances al respecto. El plan b del ministerio es autorizar por decreto un refuerzo del registro horario. Trabajo y Economía han prometido que lo aprobarán a lo largo del mes de septiembre.
¿Y en el Ejército?
El acuerdo que reduce la jornada en la Administración General del Estado de 37 horas y media a 35 no es de aplicación para el Ejército. Tampoco para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todos ellos, unos 284.000 trabajadores, “se encuentran sujetos a su normativa específica”, según detalla el Ministerio de Defensa. El departamento de Margarita Robles indica que está tramitando una modificación específica para que los empleados en las Fuerzas Armadas (123.500 de esos 284.000) sí accedan a las 35 horas. De momento, se encuentra en fase de tramitación.
