El Consejo de Arquitectura bloquea a 121 latinoamericanos con títulos homologados para ejercer en España
Más de un centenar de arquitectos formados en Latinoamérica, 121, no pueden ejercer en España porque el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha recurrido la orden de homologación de sus títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) y su colegiación está bloqueada. Este considera que su formación no es suficiente.
Hasta ahora, el consejo recurría pocas veces las homologaciones, que anualmente eran menos. Pero en 2025 el consejo impugnó ante el ministerio a 59 arquitectos y este año ha hecho lo mismo con 62, según datos oficiales. La arquitectura es una profesión regulada y eso convierte la convalidación de estudios en un proceso muy estricto, pero el CSCAE cree que está primando la manga ancha.
En 2025, la agencia de evaluación Aneca, dependiente del ministerio, autorizó a cerca de 500 profesionales ―validó el 62% de los expedientes de Arquitectura, que representaron apenas el 1,4% de todos los fallos favorables― con unos criterios incluidos en una instrucción de finales de 2024. Esta, según el consejo, se va a recoger en un nuevo decreto de homologaciones, aunque el vigente es de 2022. El porcentaje de aprobados fue superior al de años anteriores, según reconocen los afectados y la CSCAE. La resolución fija la carga lectiva y los contenidos académicos del grado de Arquitectura que deben de exigirse para poder homologar el título.
Tradicionalmente, el ministerio homologa títulos equivalentes a los cinco años de carrera en España, pero si detecta deficiencias formativas, pide una prueba de conjunto (un examen teórico/práctico) o un curso de adaptación en una universidad del país. De los 121 arquitectos recurridos en este año y medio, al menos 75, todos argentinos, no han tenido que hacer ningún curso complementario, según los afectados que se plantean tomar medidas legales. La Aneca considera que su formación es suficiente.
“Se trata de preservar la confianza de la población en que el profesional que proyecta, dirige y ejecuta los espacios en los que vive, trabaja o desarrolla su vida cotidiana dispone efectivamente de la formación, las competencias y las garantías técnicas exigidas por nuestro ordenamiento jurídico para proteger su seguridad, como se le exige a cualquier egresado en España”, afirma el consejo, que actúa de forma “corporativista” a ojos de los afectados.
“El consejo presenta un recurso de impugnación al ministerio porque no está de acuerdo con la homologación. Este no responde, no sé si porque no da abasto, y quedamos como en un limbo”, cuenta una de las afectadas, quien pide declarar sin dar su nombre para proteger su identidad. “Por el silencio administrativo, el CSCAE dice que tiene la razón, te suspende cautelarmente y no te deja ejercer, porque necesitas estar colegiado“.
El ministerio trata de tranquilizar a los afectados: “La sensación de encontrarse en un ‘limbo’ responde precisamente a que los recursos han dado lugar a procedimientos de revisión administrativa que deben completarse antes de adoptar una resolución definitiva. Mientras esa revisión está en curso, determinadas homologaciones han quedado suspendidas cautelarmente para evitar posibles perjuicios a terceros”.
El CSCAE se agarra en su argumentación a que, por jerarquía normativa, esta instrucción de finales de 2024 no puede estar por encima de un decreto, que tiene rango de ley. El ministerio no lo ve así: “Esta orden no tiene naturaleza reglamentaria, ni modifica los requisitos sustantivos para obtener una homologación, sino que constituye una instrucción interna de funcionamiento administrativo amparada por la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, destinada a ordenar la tramitación de los expedientes y fijar criterios de gestión”.
El CSCAE asegura que no impugna las validaciones que considera que equivalen a la sólida formación española. Esta habilita para calcular las estructuras de un rascacielos, pero el consejo alega que en otros países no tienen esa atribución. Los afectados lo niegan en el caso de Argentina. Y el consejo echa en falta que estos profesionales conozcan al dedillo “el Código Técnico de la Edificación (CTE) español, una normativa extremadamente específica y compleja”.
Marta Vall-Llossera Ferran, presidenta del CSCAE, asegura que el organismo ha dejado de emitir informes de cada solicitante de homologación, como prevé el decreto de 2022; y reprocha que no se haya constituido la comisión que debía determinar si el fallo es favorable o no. Afirma que directamente toma la decisión la Aneca.
La versión del ministerio difiere. Dice que está revisando los expedientes afectados y que, en algunos casos, no se solicitó el informe del CSCAE o no quedó suficientemente motivado el sentido favorable de la resolución. De cualquier forma, insisten, no es vinculante, “por lo que su ausencia no implica necesariamente que el resultado final deba ser desfavorable, aunque sí exige corregir el procedimiento para garantizar plenamente la seguridad jurídica”.
El caso de Argentina es particular, porque se están homologando muchos títulos de siete de sus universidades públicas y una privada. El consejo considera que se está “mecanizando” el proceso cuando no se debería, porque hay expedientes, a su entender, con insuficientes clases de cálculo de estructuras o urbanismo, al haber distintos itinerarios con el mismo título. Sin compartir datos personales, muestra dos supuestos expedientes de las universidades de Rosario y Córdoba, argentinas, desfavorables en 2024 y hoy homologados. El ministerio echó en falta la primera vez conocimientos técnicos y de proyección.
El ministerio, por contra, asegura que no están haciéndose homologaciones “automáticas ni indiscriminadas por universidades o países de origen”, sino que “cada expediente es individual y debe acreditar el cumplimiento de los requisitos académicos” en un informe de los evaluadores de la Aneca.
Javier Colomino ha tenido que rechazar varias ofertas como arquitecto en Valencia. Sí que cree que hay un trato especial con su país, Argentina “porque ha sido pionera y sus universidades tienen todo un cuerpo normativo de planes de estudios muy congruentes y muy equivalentes a los de España”. Por suerte, también es escultor y no le falta trabajo, en ocasiones para las Fallas. Su carrera de 19 años es dilatada: diseñó en Suecia una de las habitaciones de un hotel de hielo, ha creado una escultura colosal para un desierto en China o con mármol en Carrara (Italia).
La arquitectura que preserva su anonimato, por contra, tiene un estudio a medias y su socia asume la responsabilidad civil de las obras. “Mi estudio ha ganado un concurso y he tenido que aparecer como colaboradora. Les pasó también a unos japoneses”, se lamenta la profesional, que recibió el recurso a principios de 2026, dos meses después de lograr homologar el título. Ya pensaba que la pesadilla había pasado. “Hay un linaje conservador [que dice] los extranjeros nos van a quitar el trabajo y van a empobrecer la calidad de la arquitectura. Cuando en realidad tu título está filtrado por la Aneca, que hace un estudio exhaustivo”.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudió el grado Yamila González, nacida en esa ciudad pero de padre gallego. Cursó, cuenta, 4.212 horas de clase, más que el grado y el máster en España. Retornó a Galicia con una beca de la Xunta para cursar un máster en gestión de desarrollo sostenible y ha trabajado en la incubadora de emprendimiento de la Universidad de Vigo. Ahora es una experta en eficiencia energética en zonas rurales, pero ha tenido que paralizar su incipiente negocio. Pretendía rehabilitar viviendas en localidades despobladas, pero el CSCAE recurrió su título. En su caso, el ministerio sí se ha pronunciado y lo ha hecho para quitar la razón a la Aneca en la homologación.
La Secretaría General (el ministerio) razona que el informe técnico de Aneca no ha argumentado por qué González no tiene que recibir una formación complementaria, como otros arquitectos formados fuera. En la UBA ella no tuvo que hacer un trabajo fin de grado, pero aportó en su expediente del MCIU su experiencia investigadora y asignaturas del máster de Vigo que primero sirvieron para homologar su título y ahora no. La arquitecta ha presentado un recurso contencioso-administrativo. Le supone más tiempo de espera y fondos invertidos en un abogado” “Me siento estafada”, lamenta.
