Cataluña planea hasta 700 plazas nuevas de cárcel en módulos ante el aumento de presos
Las estadísticas elaboradas por el Departamento de Justicia de Cataluña son muy claras. Los 13 centros penitenciarios catalanes tienen una capacidad para 10.014 personas y albergan ya a 9.583 presidiarios. El margen es cada vez más exiguo y el crecimiento de esa población no da tregua: no ha parado de crecer desde 2022 y el plan de choque contra la multirreincidencia iniciado en 2024 aún lo ha intensificado más: solo en Barcelona las condenas han crecido un 40%.
El otoño pasado el Govern anunció que preveía ganar en 2028 256 nuevas plazas en la prisión de Mas d’Enric (en El Catllar, Tarragona) con la construcción de módulos prefabricados, una nueva fórmula que permite ganar capacidad mucho más rápido, sin modificación de complejos planes urbanísticos, proyectos de obras sin fin y grandes inversiones. No será el único paso que se da en ese sentido: en sus planes figura la creación de entre 600 y 700 plazas exprés de ese tipo (incluidas las de Tarragona) en otros centros donde haya espacio disponible, aunque evita anunciar todavía dónde se levantarán.
Fuentes de la conselleria que lidera Ramon Espadaler consideran que la ampliación de Mas d’Enric permitirá absorber esa “primera avalancha”, pero que no se pueden descuidar otras vías que reduzcan la presión existente en las cárceles que denuncian los funcionarios de prisiones. El objetivo, en definitiva, es evitar “el punto de saturación” que está cerca de alcanzarse tras el aumento de 1.900 presos en los últimos cuatro años y garantizar condiciones de vida dignas en el interior de las cárceles. Ese último factor, el de cómo pasan su día a día los presidiarios, es un debate con muchas aristas que desembarcará en el Parlament a partir del 18 de octubre, cuando se ponga a trabajar una comisión con diferentes ponentes para analizarlo.
Los diputados deberán tratar temas espinosos como el uso de medidas de contención mecánica, el estado de salud y el bienestar de los reos, los suicidios y las iniciativas para la rehabilitación de los presos. Ese grupo de trabajo llega después de la carta que diferentes entidades humanitarias escribieron al Papa León XIV en el que justamente denunciaban el sistema penitenciario catalán ante la parada que realizó al centro de Brians 1 durante su visita a España en junio pasado. Los expertos y funcionarios de prisiones consideran que una infraestructura más esponjada, con menos densidad de habitantes, puede ayudar a mejorar esa habitabilidad.
Además de esos módulos prefabricados que ampliarían la capacidad a dos años vista, la Generalitat tiene en cartera dos nuevas instalaciones. Una es el centro abierto de la Zona Franca, previsto para este año. El otro, una prisión para mujeres en la misma zona, está inicialmente calendarizado para 2029. Fuentes del ámbito penitenciario advierten que las instalaciones de la Zona Franca permitirán ganar 800 plazas más (inicialmente la mitad), pero están pensadas para acoger básicamente a los hombres que actualmente se benefician del tercer grado y ocupan espacio en los centros de la Trinitat, sentenciada para el cierre, y la prisión de mujeres de Wad-ras.
En todo caso, de momento, ese aumento de capacidad coincide con un viraje político iniciado años atrás que perseguía lograr más presos en semilibertad, el denominado tercer grado, que los especialistas consideran la mejor puerta para evitar la reincidencia. A ese objetivo se le sumó la jubilación de la prisión Modelo de Barcelona en 2017, con unas instalaciones que, tras 113 años de historia, no respondían a las condiciones esperadas en pleno siglo XXI. Si en 2016 había 12.376 plazas en toda Cataluña, ahora se sitúan en 10.000 y la tendencia de reducción del número de presos ha cambiado para expresar un aumento continuado sin cese.
El plan de choque contra la multirreincidencia, que se juega en dos campos de juego diferentes —en la calle con una intensificación de la actuación policial y en los tribunales, con un refuerzo de recursos para agilizar los juicios por delitos menores—, añade una cuestión de incertidumbre a la gestión de las prisiones. Los buenos resultados que aseguran los políticos que está dando obligan también a lidiar con un número mayor y más oscilante de presos preventivos (los que están a la espera de juicio o condena) a falta de que se constaten los efectos disuasorios delincuencial que persigue el refuerzo de tareas impuesto por la Administración, que ha logrado unir a la Generalitat y al Ministerio de Justicia.
Una capacidad condicionada
Todo ello se añade a que la tasa de ocupación del 95% que alcanzan las prisiones catalanas se tiene que tomar con cierta cautela. La realidad no es que haya un 5% de margen aún para crecer, ya que la gestión de entradas y salidas, la necesidad de efectuar mejoras en algunas celdas o el requerimiento de ciertos presos que necesitan estar en solitario provoca que el porcentaje de ocupación no sea el idóneo que muestran las estadísticas. Y hay una orden que el conseller Espadaler ha puesto como línea roja: ninguna celda puede ser ocupada por más de dos reclusos.
Es una incógnita si los planes de ampliar la prisión de Tarragona en 2028 llegarán a buen puerto en forma y fecha. De momento, el Departamento de Justicia todavía está negociando con la empresa encargada para la construcción de los módulos prefabricados que tienen que ayudar a contener el crecimiento de presidiarios.
