El Supremo, juez y parte, entra en la campaña electoral
El activismo judicial en España ha dejado de guardar las formas. Ya no le hace falta el pudor de la toga ni el disimulo de los tecnicismos. La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión cautelar del voto para 163.020 españoles en el exterior no es un acto de prudencia jurídica. Es una intervención política (diseñada, eso sí, con escuadra y cartabón) en el campo de juego de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, el Alto Tribunal no solo arbitra el partido: ha bajado al césped a rematar el córner en el minuto de descuento.
Para entender la magnitud del escándalo hay que desbrozar el camino de la infamia. La llamada Ley de Nietos nació amparada por una “Instrucción” del Ministerio de Justicia que aliviaba la carga de la prueba a los descendientes del exilio, presumiendo su condición si salieron del país en los años de plomo de la dictadura. Aquella norma contó en sus inicios con el perfil bajo y los matices del Partido Popular, que pretendía mantener su tradicional caladero de votos en el exterior, singularmente en Galicia y el norte peninsular.
Source – eldiario News
