Los municipios apenas invirtieron el 8% de su millonario superávit el año pasado
Los municipios acumulan una hucha millonaria que apenas utilizan. En un momento de crecientes necesidades de gasto, con el acceso al mercado inmobiliario como principal urgencia, el año pasado solo invirtieron 268 millones de los más de 3.200 que podían movilizar, según los últimos datos de Hacienda. La novedad es que la mayor parte del superávit se ha destinado a proyectos vinculados a la vivienda, que se ha convertido en la gran prioridad de muchas Administraciones. La baja ejecución, en cambio, es crónica, y responde tanto a factores coyunturales como estructurales. Por un lado, el ministerio no autorizó hasta finales de año el uso del saldo acumulado; por otro, el estricto marco presupuestario al que están sujetas las entidades locales les deja poco margen para emplear su excedente de tesorería.
Un ayuntamiento que ingresa en un ejercicio más de lo que gasta no puede usar ese superávit a su antojo, pero se le permite destinar una parte al año siguiente dentro de un catálogo tasado de actuaciones, las llamadas inversiones financieramente sostenibles (IFS). Estas incluyen rúbricas como el alumbrado público, el transporte de viajeros o la vivienda, que se ha incluido en la lista recientemente y el año pasado se convirtió en la gran protagonista ante las dificultades crecientes de muchos ciudadanos para acceder al mercado inmobiliario. Los proyectos destinados a esta materia acapararon cerca de un tercio del dinero total que se usó, siendo sin embargo una cifra exigua, 77 millones, si se compara con la magnitud del problema: un déficit de 750.000 casas, según calcula el Banco de España, con los precios de venta y alquiler disparados.
Ante tales necesidades, la duda es por qué no gastan más los ayuntamientos. “Para muchos municipios el problema no es la solvencia, sino el mecanismo diseñado para convertirla en inversión pública”, resume María Cadaval, profesora de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela. De hecho, las corporaciones locales —que aglutinan municipios, diputaciones, cabildos y consejos insulares— son el nivel de Administración pública con las finanzas más saneadas en su conjunto: llevan más de una década registrando superávit y tienen una deuda en mínimos históricos, del 1,2% del PIB al cierre de 2025, menos de la mitad del límite permitido. Pero el grueso de este colchón financiero no se ha traducido en actividad económica, sino que permanece ocioso, congelado en depósitos bancarios.
Las IFS volvieron a activarse en 2025 tras un parón de cuatro años debido a la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia, pero movilizaron tan solo el 8,4% del importe total autorizado, la tasa más baja desde su entrada en vigor en 2014, pese a la solvencia de las arcas municipales. Para explicar la paradoja hay que ahondar en las causas del virtuosismo presupuestario del sector local. Los municipios y entidades asimiladas cuentan con unos ingresos y gastos más estables con respecto a otras Administraciones, y a la vez están sujetos a una normativa más rígida en materia de estabilidad fiscal.
Mientras que el Estado y las comunidades autónomas pueden incurrir en números rojos dentro de unos límites establecidos, las corporaciones locales deben aprobar sus presupuestos en equilibrio por ley. Y, si consiguen superávit, no pueden destinarlo libremente a cualquier uso. La ley impone que lo empleen, en primer lugar, para amortizar deuda. Cumplida esta obligación, la liquidez que eventualmente les sobre pueden usarla para IFS.
Estas herramientas se aprobaron en 2014, con el crac financiero y la crisis de la deuda soberana aún en la retina, como una excepción para los ayuntamientos que registraran superávit y que no tuvieran un volumen de deuda muy abultado. Pero aun así se sujetaron a importantes restricciones para evitar incumplimientos de las reglas fiscales. Por ejemplo, no pueden cubrir desembolsos corrientes. Y aunque quedan excluidas de la regla de gasto, sí computan a efectos de déficit. Además, hasta el año pasado debían ser autorizadas ejercicio a ejercicio, lo que impedía la planificación plurianual necesaria para inversiones de calado. De ahí que el apellido sostenibles no tenga que ver con programas de medio ambiente, sino con la salvaguarda de las cuentas públicas.
Flexibilización
El decreto que desbloqueó el uso del superávit municipal de 2024 al año siguiente se aprobó a finales 2025, en diciembre, por lo que las entidades locales tuvieron muy poco margen para poner en marcha IFS imputables al ejercicio. Las inversiones destinadas a vivienda y vías públicas fueron las más voluminosas: la primera rúbrica acaparó el 30% del total del gasto y la segunda un 18%. Diputaciones y grandes ayuntamientos han comunicado las mayores inversiones, con San Sebastián y Madrid a la cabeza.
Aunque la ejecución fue reducida, el ministerio confía en que las tasas mejoren en los próximos ejercicios gracias a la flexibilización aprobada en los plazos de implementación. El decreto del pasado diciembre estableció que el saldo de 2024 se pudiese utilizar no solo en 2025, sino también en 2026 y 2027. Y el pasado junio Hacienda dio un paso más: habilitó el uso de los remanentes de este año —calcula unos 3.168 millones de euros— junto a un régimen excepcional que autoriza las IFS hasta 2030 sin necesidad de una nueva habilitación legal cada ejercicio, como venía ocurriendo hasta ahora.
“Es la primera vez que se hace una autorización a futuro”, destaca César Martínez, investigador y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid, quien pronostica un aumento de las inversiones destinadas a vivienda ya este año gracias a la ampliación permitida en los tiempos de ejecución. Y recuerda que este 2026 también finaliza el plan de recuperación europeo y es la antesala de las elecciones que se celebrarán el próximo año. “Pero hay que tener cuidado con la capacidad de ejecución de los ayuntamientos”, matiza.
“No solo hay que tener los recursos financieros, también los humanos”, ejemplifica. “Muchos ayuntamientos se quejan de que las IFS solo se pueden usar en gastos de inversión, pero no valen si se necesitan más técnicos de contratación pública o arquitectos municipales que ayuden a ejecutar ese dinero”. Es decir, no pueden usar esos fondos para contratar a personal que ayude a sacar adelante los proyectos.
Cadaval, de la Universidad de Santiago de Compostela, coincide en que los medios a disposición de la mayoría de los municipios son insuficientes para digerir grandes volúmenes de inversión. “El uso se concentra en entidades locales con importante capacidad administrativa. No basta con tener recursos financieros, sino también estructuras técnicas capaces de tramitar y ejecutar en los plazos previstos, que son muy exigentes”, detalla. “En definitiva, a pesar de que el ministerio se ha esforzado en flexibilizar y mejorar técnicamente el funcionamiento de las IFS, la evidencia dice que el mecanismo no funciona correctamente. Debería avanzarse desde una lógica excepcional de uso del ahorro local hacia una fórmula estable, previsible y duradera”, concluye.
