Plus Ultra duda que las gestiones de Zapatero influyeran realmente en la concesión del rescate
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, sostiene en el escrito remitido este lunes al juez instructor del caso Zapatero, el magistrado José Luis Calama, que pagó al expresidente del Gobierno a través del supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, una comisión del 1% (530.000 euros) sobre el préstamo de 53 millones concedido por el Consejo de Ministros a la compañía. Martínez Sola aclara que “nunca se llegó a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo [por Zapatero] para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”.
El directivo aclara que asumió en enero de 2021 “como una medida desesperada” contratar al amigo y supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, para unas gestiones que denominaron “eufemísticamente” como “labores de acompañamiento”. El presidente de Plus Ultra asegura en el escrito remitido al juzgado que la compañía estaba convencida de que habían presentado un expediente administrativo técnico que “cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”. Pese a eso, decidió pagar una comisión del 1% a Zapatero si el consejo de ministros terminaba aprobando el préstamo, cosa que sucedió.
Ese expediente al que se refiere el máximo responsable de la compañía se presentó el 1 de septiembre de 2020 y durante cuatro meses se negoció con los responsables de la SEPI, que solicitaron documentación complementaria y todo tipo de aclaraciones técnicas.
Pero en enero de 2021, el amigo y supuesto testaferro de Zapatero, que ya cobraba una iguala para hacer gestiones a favor de Plus Ultra en Venezuela, les indicó la necesidad de firmar un nuevo contrato para agilizar la concesión de la ayuda: pagarían un 1% del préstamo si el Consejo de Ministros lo aprobaba.
El presidente de la compañía duda ahora de que Zapatero hiciera realmente gestiones para influir en la aprobación de un rescate por parte del Consejo de Ministros que se hubiera producido sin mediación alguna porque cumplían los requisitos de elegibilidad, según defiende el escrito remitido a la Audiencia Nacional.
Un juzgado de Madrid investigó durante 19 meses el rescate a Plus Ultra y detalló cómo fueron la dos auditoras externas contratadas por la SEPI para analizar la documentación y detectar, en su caso, si incumplía alguna de las condiciones establecidas para aprobar el préstamo.
El presidente de la compañía aclara ahora al juzgado cómo se hicieron todos estos trámites sin que apareciera la figura de Zapatero como intermediario para salvar los posibles obstáculos que pudiera poner la SEPI para la concesión de la ayuda. Y, sin embargo, confiesa que pagó 530.000 euros por esos supuestos trabajos de los que ahora duda: “El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Julio Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a ANÁLISIS RELEVANTE; 98.617 euros a VOLI ANALÍTICA, 110.799 euros a IOT DOMOTIC EUROPE SL, y, por último, aunque el señor Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que PLUS ULTRA fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes. Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”.
El presidente de Plus Ultra nada sabe del supuesto cobro de la mordida a través de una sociedad instrumental domiciliada en Dubái, como sostenía la UDEF (la unidad especializada de la Policía en delincuencia económica) en uno de sus informes a raíz de una comida convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Source – eldiario News
