Un impuesto para los superricos evitaría 29,5 millones de muertes asociadas a los recortes de la ayuda internacional
Si los multimillonarios del mundo pagaran un impuesto equivalente al 3% de su riqueza y el dinero recaudado se destinara a financiar la ayuda oficial al desarrollo (AOD), podría evitarse la muerte de 29,5 millones de personas de aquí a 2030. Es la estimación más elevada de un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que se publica este martes en The Lancet y que analiza en qué medida 10 mecanismos de redistribución de la riqueza podrían contrarrestar el impacto sanitario de los recortes de la cooperación internacional, intensificados desde 2025.
“Uno de los argumentos de la reducción de la ayuda humanitaria es que no hay más dinero. No es verdad. Esos recursos existen: tenemos un mundo con una alta concentración de la riqueza”, asegura Davide Rasella, impulsor y coordinador del estudio en entrevista con EL PAÍS. “El objetivo de la investigación es mostrar que, si implementamos alguna de estas políticas, podemos salvar millones de vidas. Es un estudio que muestra los efectos de una transferencia real de los más ricos del mundo a los extremadamente pobres”.
El estudio de ISGlobal proyecta el posible impacto de alternativas en un contexto de crisis de recursos de la ayuda oficial al desarrollo. Hace año y medio, el Gobierno de Estados Unidos desmanteló la agencia de cooperación USAID y, a la vez, países como Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica anunciaron una reducción de sus aportes a la cooperación internacional para, en su lugar, invertir esos recursos en gastos militares y otros sectores. En total, en 2025 la AOD descendió un 23,1% respecto al año anterior, según las últimas cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDD).
Los investigadores analizaron datos de 59 países de renta baja y media-baja entre 2002 y 2021. Tras estimar la relación entre la AOD recibida y la mortalidad durante esas dos décadas, proyectaron un escenario en el que los recortes actuales se prolongaran hasta 2030. Según el modelo, esa reducción de fondos se asociaría a unas 7,6 millones de muertes adicionales y revertiría los avances conseguidos en salud global en los últimos 20 años.
Sobre ese escenario de referencia calcularon después el efecto potencial de 10 mecanismos de redistribución de la riqueza. La hipótesis es que los ingresos obtenidos mediante estas medidas se destinarían para compensar parte o la totalidad de la ayuda que los países donantes han dejado y dejarán de aportar. Al recuperar esa financiación, podrían mantenerse programas de salud y desarrollo y evitarse así las muertes asociadas a los recortes.
Los mecanismos analizados incluyen gravámenes del 1%, el 2% y el 3% sobre las grandes fortunas; un impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como la tasa Tobin; una tributación mínima global para las multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros; dos fórmulas aplicadas a los intereses de la deuda soberana pagados por los países de renta baja y media; una tasa sobre las emisiones de carbono y dos modalidades de gravamen sobre las criptomonedas.
“En todos los escenarios analizados, las medidas generaron recursos suficientes para compensar parte, o en la mayoría de los casos la totalidad, de los efectos negativos previstos por la reducción de la ayuda”, destaca ISGlobal. Incluso, en algunos de los escenarios, la recaudación sería mayor que los fondos perdidos, de acuerdo con Gonzalo Barreix, primer autor del estudio. Por eso, se estima que estas medidas podrían evitar entre 6,6 y 29,5 millones de muertes de aquí a 2030.
Los impuestos sobre las grandes fortunas son el mecanismo con mayor impacto potencial. En el mundo hay 3.028 milmillonarios, cuyo patrimonio conjunto asciende a 16,1 billones de dólares. Incluso si a este grupo no se le aplicara una tasa del 3%, sino otras más bajas, los resultados serían relevantes: un gravamen del 1% permitiría evitar 15 millones de muertes y uno del 2%, 22,9 millones.
De acuerdo con Lucio Espósito, economista principal del estudio de la Escuela de Economía de ICESI, unas tasas de entre el 1% y el 3% son un impuesto mínimo. “El crecimiento del capital ha sido en los últimos años del 6% o 7%”, recuerda, “se les cobraría un tercio de eso y es lo mínimo que un sistema fiscal progresivo cobra a las rentas o patrimonios más altos. No es nada extraordinario: es solidario, salva vidas y hay, además, una justificación económica”.
El crecimiento del capital ha sido en los últimos años del 6% o 7%. Se les cobraría un tercio de eso y es lo mínimo que un sistema fiscal progresivo cobra a las rentas o patrimonios más altos. No es nada extraordinario: es solidario, salva vidas y hay, además, una justificación económica
Lucio Espósito, economista principal del estudio
El siguiente mecanismo con mayores impactos es, según los autores la tasa Tobin, que podría evitar alrededor de 24 millones de muertes. Le sigue el impuesto a las multinacionales (20 millones de personas) o un impuesto del 3% para los 10.000 mayores titulares de criptomonedas (6,6 millones).
Los recortes han agravado una situación de partida ya deficitaria: los países donantes aportaban mucho menos de lo comprometido. En 1970, Naciones Unidas fijó como objetivo que los países desarrollados destinaran el 0,7% de su renta nacional bruta a la ayuda oficial. Pero los Estados, de media, aportan apenas un 0,3%. Aunque algunos países receptores de ayuda han intentado aumentar sus partidas presupuestarias destinadas a la sanidad pública, no llegan a cubrir el vacío que dejó la cooperación internacional. En el último año, la falta de financiación ha obligado a reducir o cerrar programas contra el VIH, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades que causan millones de muertes, especialmente en los países del Sur Global. También se han visto afectados proyectos dirigidos a combatir el hambre y la pobreza, intervenciones que, aunque no siempre son estrictamente sanitarias, condicionan de manera decisiva la salud y la supervivencia de las poblaciones más vulnerables.
Mientras eso ocurre, la desigualdad en el mundo se hace cada vez más profunda, como alertó recientemente un estudio liderado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Entre 2000 y 2024, el 1% más rico del mundo concentró el 41% de toda la nueva riqueza, mientras que solo el 1% de los recursos fue a parar al 50% más pobre.
No estamos simulando nada de retorno al comunismo, al socialismo. Estamos simulando medidas que apenas tocan ese 2% de la riqueza de los billonarios.
Davide Rasella, investigador de ISGlobal
Algunas de las medidas analizadas por ISGlobal se han discutido también en foros internacionales que buscan alternativas de financiación para la AOD. Por ejemplo, en la reunión del G-20 de 2024 en Río de Janeiro, se debatió la idea de una tasa del 2% para los superricos para los 3.000 milmillonarios del mundo; pero al final no hubo un acuerdo ni un mecanismo de recaudación debido, en parte, a la resistencia de EE UU. En 2025, en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU celebrada en Sevilla, España y Brasil presentaron una propuesta para lograr una mayor tributación para las grandes fortunas.
“No estamos simulando nada de retorno al comunismo, al socialismo”, bromea Rasella, “estamos simulando medidas que apenas tocan ese 2% de la riqueza de los billonarios. Elon Musk pierde más dinero al día con las fluctuaciones del mercado”.
