Una calle de Madrid como retrato de la vivienda pública: 18 pisos cerrados, 18 oportunidades perdidas
Camino Alto de San Isidro es una calle peatonal de Carabanchel con alma de corrala. Por las tardes, los adultos se asoman a los balcones y se sientan en sillas plegables a ver pasar a los niños en edades de primaria volando a 25 kilómetros por hora en patinetes eléctricos. Otros pequeños juegan al fútbol cerca de una pared de ladrillo donde alguien pegó hace tiempo una foto de Jenni Hermoso, la estrella del fútbol femenino que dio aquí sus primeras patadas al balón. Los vecinos hablan de chismes y asuntos serios, entre otros un tema que les duele: el problema de los pisos vacíos, cerrados con puertas de acero. Todo el mundo los ha visto en esta colonia de 28 bloques, una de las principales reservas de vivienda pública de la región, donde no es raro que diez o doce personas compartan un mismo hogar. EL PAÍS ha recorrido los edificios uno a uno y ha contado 18 pisos cerrados.
Pertenecen al mismo casero, la Comunidad de Madrid. Su gestión corre a cargo de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), que como sugiere su nombre se dedica a facilitar techo a colectivos necesitados. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha intensificado una campaña contra los “okupas” para desalojar a familias en situación irregular con la idea declarada de premiar a quien espera en lista. Sin embargo, completado el desahucio y colocada la puerta “antivandálica”, la entrada de nuevos inquilinos dista mucho de ser una urgencia y se demora durante años. “Vienen, chapan la puerta y ahí se queda para los restos”, dice Soledad Álvarez, una vecina activista que siente incredulidad y frustración, como tantos otros entrevistados. Los 18 pisos son 18 oportunidades perdidas. Si se adjudicaran a familias de cuatro miembros, podrían dar techo de inmediato a 72 personas.
Saber con certeza cuánto tiempo llevan vacíos es difícil porque la Comunidad no ha contestado a esa pregunta, pero en casi todos estos casos los vecinos que pasan a diario delante de esas puertas con aspecto carcelario y conocían a los últimos moradores, han asegurado que las viviendas se encuentran cerradas desde hace más de un año. De hecho, varias chapas llevan instaladas dos, tres, cuatro… y hasta siete u ocho años.
Las puertas acorazadas son casi idénticas. Una chapa gris o marrón sobre la que han colocado la pegatina de Ariete Seguridad, la empresa de vigilancia contratada por la Comunidad, con un teléfono para avisar de posibles intrusiones. Detrás de cada una hay una historia. “Ahí vivía Antonio que murió al principio de la pandemia. Era amigo mío”, dice un vecino de edad avanzada al detenerse frente a una puerta blindada en el portal 5. Otra residente confirma que el piso permanece vacío desde entonces.
El problema no se reduce a esta calle. La Comunidad, el mayor casero de la región con casi 25.000 viviendas sociales, mantiene pisos vacíos durante largas periodos en otros barrios, según grupos de activistas y la oposición de izquierdas. Un caso en Vallecas lo ha documentado EL PAÍS: el 21 de agosto de 2024, la AVS echó a la calle a un septuagenario que acabó durmiendo en su Volvo viejo, Juan José Hernández. Vivía en el 5º B de Avenida Buenos Aires 28, una vivienda que seguía chapada la semana pasada. Han pasado dos años y dos meses.
La Comunidad se excusa diciendo que las viviendas no están abandonadas sino en distintas fases de reparación, acondicionamiento o preparación para su posterior adjudicación. La AVS no informa en su memoria de actividades de 108 páginas de cuántas viviendas tiene vacías, o de cuál es el tiempo medio de baja de estos inmuebles. Por medio de una solicitud de acceso a la información, un proceso reglado por ley y que obliga a la administración a responder, este periódico ha sabido que la AVS tenía 817 pisos vacíos en mayo.
Una portavoz responde que de las 18 viviendas identificadas por EL PAÍS, diez se encuentran en estudio para reparación, cinco están siendo reparadas y cuentan con adjudicatario y una está ocupada ilegalmente. Sin embargo, la explicación oficial choca con lo que se veía a pie de calle la semana pasada. Solo en uno de los 18 pisos había movimiento por obras. Detrás de la puerta acorazada, un joven instalaba suelo de parqué. Curiosamente, no era uno de los pisos que llevaban más tiempo vacíos. Se trata del piso del bloque 10 del que fue desahuciada Soledad Vargas, el 8 de agosto de 2024, es decir, hace dos años y dos meses.
Ahora vive con su madre y otros familiares en el piso de arriba. “Cada vez que bajo y me veo la casa cerrada me dan ganas de llorar, tirarme de los pelos y chillar”, dice esta mujer de 51 años que camina con muletas a causa de una discapacidad reconocida. Residía en esa vivienda con una de sus hijas y cinco nietos menores.
Activistas y políticos también han denunciado casos de viviendas vacías que afectan a otras administraciones. El Sindicato de Inquilinas, por ejemplo, ha señalado al Gobierno central por mantener 800 viviendas vacías a nombre de la Seguridad Social, que las heredó de la antigua Sociedad Pública del Alquiler creada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Hace unas semanas se acordó que ese parque pasará a la nueva Casa 47, creada por Pedro Sánchez.
También la Sareb, el llamado banco malo surgido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, acumula miles de viviendas sin ocupar. Ambas entidades defienden que su situación es distinta a la AVS porque su función es desprenderse de esos activos y no gestionar una lista de solicitantes de alquiler.
La polémica también ha alcanzado al Ayuntamiento de Madrid, que gestiona casi 10.000 viviendas propias. El PSOE sostiene que hay 1.300 vacías, mientras que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida replica que se trata de pisos “en gestión”, una categoría que incluye inmuebles pendientes de licencia, reforma o adjudicación y que, según el consistorio, permanecen desocupados solo durante meses. Los socialistas, sin embargo, aseguran haber localizado viviendas cerradas durante más de un año.
Este es un fenómeno invisible. Las administraciones no publican información sobre el tiempo que están fuera de uso sus inmuebles. Las puertas blindadas tampoco están a la vista de todos. Solo de los vecinos que las ven a diario y saben cuándo se abrieron por última vez. En Camino Alto de San Isidro, donde hay 537 viviendas, nadie conocía a ciencia cierta que 18 estaban vacías hasta que EL PAÍS las contó durante tres días de la semana pasada.
“Pisazos”
Las viviendas de Camino Alto de San Isidro son amplias, unos “pisazos”. Así las describen los vecinos. Miden entre 92 y 146 metros cuadrados. El alcalde Enrique Tierno Galván puso la primera piedra en 1986 como parte de un gran programa para acabar con el chabolismo y fueron inauguradas por el presidente madrileño Joaquín Leguina en 1991. Los agraciados lo celebraron con bailes y una hoguera para quemar los barreños y orinales, ya innecesarios porque por fin tenían cuartos de baño.
Con el tiempo, algunos inquilinos compraron el piso a la AVS, que aquí todos siguen conociendo por su nombre anterior, el Ivima. En Idealista estos pisos se comercian por entre 300.000 y 365.000 euros. Los precios se han disparado en esta zona, a escasos 500 metros de Madrid Río.
Muchos inquilinos han seguido alquilando a la Comunidad. Algunos se enfrentan a procesos de desahucios, en ocasiones por no haber actualizado el contrato después de morir sus padres; en otras sencillamente por haberse “metido de patá” en la vivienda.
Una pregunta que surge es si la Comunidad destina suficiente dinero para rehabilitar estas viviendas vacías cuanto antes. El Ejecutivo de Ayuso dice que aprobó 40 millones de euros para reparar viviendas deshabitadas para facilitar la segunda adjudicación. Según la información oficial, en 2025 se rehabilitaron 226 viviendas.
Otra incógnita es cuántos solicitantes de vivienda están apuntados en la AVS, una pregunta a la que no ha respondido la Comunidad. Resulta llamativa la ausencia de este dato en la memoria del organismo y en otras estadísticas de su web. Puede servir de orientación la cifra del Ayuntamiento de Madrid, que en junio tenía en espera a casi 78.000 solicitantes para una población que es la mitad de la región.
Activistas y oposición de izquierdas coinciden en atribuir la “lentitud” de la Comunidad a su “desidia” con todo lo relacionado con las personas débiles. “No es una prioridad”, dice Javier Rubio, abogado especializado en derecho a la vivienda en la cooperativa madrileña CAES. El diputado de Más Madrid Jorge Moruno cree que el PP concibe los pisos sociales como “una limosna” y no como un derecho.
Mientras los pisos siguen vacíos, se multiplican las órdenes de desahucio. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha avisado de una “oleada de cartas” de desalojo voluntario desde 2024 en esta y otras cuatro calles del entorno que, según sus cálculos, ha afectado a 120 familias.
Un destinatario ha sido Manuel Navarro, de 32 años, que vive con su mujer y tres niños en un piso que en 2015 le “vendió” por 3.000 euros una persona que lo había abierto. Venían de vivir en una caravana, tras años buscándose el pan de feria en feria.
“Yo no me niego a pagar, quiero pagarles pero no me dejan”, decía la semana pasada a las puertas de su bloque. Su peor pesadilla es acabar en una furgoneta, que los servicios sociales le quiten a sus hijos y que su piso termine tapiado con una chapa gris.
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