Los médicos no quieren ir a la cárcel, la otra condena de los presos: “No tenemos libertad, pero sí derecho a sanidad”
Las siete prisiones madrileñas, que albergan alrededor de 6.600 reclusos, tienen sin cubrir más de tres de cada cuatro plazas de la plantilla estructural de médicos, los profesionales encargados de la Atención Primaria de los internos. En total, faltan 61 facultativos para completar una dotación de 80 profesionales, un déficit del 76%. Así se desprende de la relación de puestos de trabajo del Ministerio del Interior publicada en el Portal de Transparencia con datos de junio. El mapa de la escasez sanitaria penitenciaria lo encabeza la cárcel de Valdemoro, donde la plantilla médica estructural existe solo sobre el papel: sus 12 plazas están vacantes. En Meco falta por cubrir el 92% de los efectivos previstos y en Estremera, el 89%. Les siguen Soto del Real (69%), Navalcarnero (68%), Aranjuez (56%) y el centro Madrid I Mujeres (43%). “Los presos no tenemos libertad, pero sí derecho a sanidad”, insiste un hombre que salió de la cárcel de Navalcarnero en 2025 y que ahora se encuentra en tercer grado tras ser condenado por estafa y fraude fiscal, motivo por el que prefiere mantener el anonimato.
Pero una diferencia de más de 1.000 euros con los galenos que trabajan en el Servicio Madrileño de Salud, sumada a la imposibilidad de hacer carrera profesional, al incumplimiento de la ley desde hace más de 20 años, a la sobrecarga de trabajo y a la falta de formación continuada de calidad y acreditada, son algunas de las causas detrás de la falta de relevo generacional de facultativos en las prisiones, cada día más acusado desde que se agravó el déficit durante la pandemia. En los centros de inserción social para personas en régimen abierto de esta autonomía todos los cargos reservados para médicos están sin ocupar.
Entre las grandes comunidades con más población reclusa y más centros penitenciarios, Madrid presenta un importante déficit de médicos, por detrás de Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Aunque es un problema del sistema penitenciario a nivel nacional y el porcentaje medio de vacantes en España es muy similar al registrado en esta autonomía.
A 89 plazas convocadas en 2024 para facultativos en prisiones, solo se presentaron siete personas. Así lo traslada el portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), Joaquín Leyva, quien explica que en el año 2003 se aprobó la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, por la que la sanidad penitenciaria se transfería a las comunidades autónomas en un plazo de seis meses, como en su día se hizo con la educación, pero esto solo lo cumplen País Vasco, Cataluña y Navarra.
“Si esa normativa se hubiera acatado, ahora las consultas de las prisiones estarían en las mismas condiciones que los centros de salud”, expresa el responsable de Instituciones Penitenciarias en Comisiones Obreras, Chema López. Insiste en que la población reclusa presenta más necesidades sanitarias que el promedio de la sociedad. La drogadicción y las enfermedades crónicas resienten los módulos. “El 35% de los reclusos sufre patologías psiquiátricas”, recuerda.
Ante la escasez de profesionales, se intenta sobrevivir con la realización de contratos a médicos que no pertenecen a la plantilla estructural. Este es el caso, por ejemplo, de la cárcel madrileña de Valdemoro, donde un solo doctor acude de lunes a viernes en horario de 15.00 a 21.00. El resto del tiempo no hay atención presencial y algunas mañanas se recurre al servicio de telemedicina, a distancia, sin exploración física y compartida con otros centros, según reportan desde Comisiones Obreras. “Si se produce una intoxicación o una autolesión y no hay un médico presente, las posibilidades de recuperar al paciente disminuyen”, resume Leyva tras aclarar que los casos se terminan derivando al hospital, produciendo una sobrecarga en este recurso.
“Las cárceles están alejadas de los núcleos poblacionales, pueden tener el hospital más cercano a 70 kilómetros y el transporte en ambulancia tiene un protocolo”, señala. En 2023, la prisión de Aranjuez realizó más de 1.500 salidas al hospital, pero gran parte de estas podrían haberse evitado, según indica. No solo faltan recursos humanos, a veces, también otros medios. Así lo indica un médico que en 2025 trabajó en la cárcel de Estremera, y que prefiere mantener el anonimato por una cuestión de seguridad: “No podemos acceder a la historia clínica que tenían los pacientes cuando estaban en libertad y el sistema de interconsultas hospitalarias es mejorable”.
Recuerda que eran dos interinos y un profesional de carrera para toda la prisión: “Más de un día a la semana no había doctores en el centro y las guardias eran individuales”, explica. Reconoce que, a veces, los traslados al hospital se demoraban más de la cuenta. Ha pensado muchas veces en abandonar la profesión, aunque siempre encuentra una razón para quedarse: “Son personas que han cometido delitos, pero no por eso pierden su derecho a la salud. En ese sentido, merecen toda la dignidad”.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen ser conscientes del problema. “Hay una ley que se está incumpliendo y hay falta de voluntad política de las autonomías para asumir las transferencias, por lo que nosotros tenemos que garantizar ese derecho a la población reclusa. La falta de médicos no es exclusiva del sistema penitenciario, es un problema generalizado en toda España y Europa”, alegan. Desde 2018, insisten, han trabajado para que la normativa sea asumida, manteniendo conversaciones con todas las autonomías, entre ellas Madrid, región a cuyos consejeros les han enviado cuatro cartas al respecto, sin respuesta. El Ministerio de Política Territorial envió una quinta misiva. La Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no ha respondido a las preguntas de este diario.
Todos los años, Instituciones Penitenciarias convoca oferta de empleo público de personal facultativo y contrata interinos. Recientemente, ha lanzado 89 plazas de personal laboral exento de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o Interna, que se exige en cualquier otro procedimiento. Sus fuentes informan de que han puesto en marcha el sistema de teleconsulta y las guardias localizadas para que un médico de una prisión atienda a otro centro, pero el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, José Joaquín, tilda estas medidas de “parches”, que, a su juicio, pueden aportar, pero no solucionar. “Es como poner una tirita en una herida abierta de abundante de sangrado”, resume Leyva.
El hombre que salió de la cárcel de Navalcarnero en 2025 y que ahora se encuentra en tercer grado confiesa haberse sentido inseguro en prisión desde el punto de vista sanitario. “Muchas veces, teníamos un dolor de espalda y nos daban una pastilla, pero nadie nos miraba. Presencié como había personas que necesitaban respiradores y no siempre llegaban”, asegura. Agradece no haber tenido problemas de salud graves porque dice haber sido atendido siempre a destiempo. Los doctores no estaban todos los días en la prisión de Navalcarnero y, a veces, solo había enfermeros, “que determinaban la gravedad, pero no podían recetar medicamentos”.
Joaquín continúa trabajando en prisión a pesar de haberse podido jubilar, siendo muy consciente de la falta de profesionales. “Nuestra oposición es la única en este país que saca más plazas que personas se presentan”, comenta. Tres doctores más trabajan en su misma cárcel y el más joven tiene 65 años. “Es imposible hacer un seguimiento al paciente, se cancelan los programas de prevención, se resiente la detección y el control de enfermedades para poder atender las urgencias”, comenta. Recuerda con cariño los años 90, cuando había suficientes efectivos en las prisiones: “Pudimos hacer muchísimas cosas. Es impensable pensar en el control del sida sin la labor en las cárceles”.
Estos facultativos son esenciales en el régimen interno, por ejemplo, durante el ingreso a prisión o ante un aislamiento. “Cuando no están, el equipo de enfermería asume competencias que rozan el intrusismo profesional para evitar desenlaces indeseados”, indica Leyva. El exinterno de Navalcarnero agradece la labor de aquellos doctores a los que vio trabajar fuera de su jornada laboral para intentar ayudar: “Cuando estás en un patio, un hombre se desploma en el suelo y depende de lo que tarde la ambulancia… Eso lo he vivido yo”. Sin duda, la peor etapa para él fue la pandemia. “Si los médicos no llegaban a las residencias, imagínate a las cárceles”, comenta. Insiste en que no tiene nada en contra de la prisión donde estuvo: “Es el sistema que no funciona. En la calle puedes tener más opciones para curarte si estás malo, pero estando preso dependes de lo que te den”.
