La Audiencia Nacional asume la investigación de la entrada de migrantes en Ceuta y dice que fue “una violación masiva de la soberanía”

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (…) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (…) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: ‘Si entras nadando, no pueden devolverte’”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (…) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

Source – eldiario News