La expulsión masiva de afganos de Pakistán desborda la frontera y deja a miles de niñas sin escolarizar de un día para otro
Durante 27 años, Ahmad Khan, de origen afgano, vivió en Pakistán. En la ciudad de Sialkot, en el norte, regentaba una pequeña zapatería, sus niños iban a la escuela local y su hijo mayor trabajaba en un puesto de shawarma muy cerca de casa. En la mezquita del barrio, todo el mundo lo conocía. Pero llegó la campaña de represión de Pakistán contra los migrantes afganos y fue expulsado, junto con su mujer, seis hijos y dos hijas, el pasado noviembre.
Las perspectivas en Afganistán, donde los talibanes han vuelto al poder desde que las fuerzas estadounidenses se retiraran en 2021, son muy sombrías para los deportados y en particular para las mujeres, sometidas a un apartheid de género, según la ONU. “La situación en Afganistán es muy mala”, afirma Khan por teléfono desde ese país. “No hay trabajo ni un sistema educativo adecuado, especialmente para las niñas a partir de los 12 años”. Bajo el régimen talibán, las mujeres no tienen acceso a la educación secundaria. Una niña matriculada en una clase una semana en Pakistán puede encontrarse al otro lado de la frontera la siguiente, sin colegio al que acudir.
Como Khan, más de 2,6 millones de afganos han retornado al país desde 2023, como consecuencia de un estricto plan de repatriación aplicado por el Gobierno pakistaní. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), solo entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026, han regresado más de 723.000 personas. Muchos de los deportados son afganos nacidos en Pakistán que nunca han puesto un pie en Afganistán. Hablan urdu, no dari ni pastún. Las calles, las escuelas y los campos de juego que conocen son pakistaníes.
El aumento de las deportaciones ha convertido la frontera en un escenario de miseria, donde las familias afganas sufren escasez de alimentos y agua en medio de un calor abrasador y la falta de refugio, todo ello mientras se enfrentan a la incertidumbre de lo que les depara el futuro.
Khan se vio además obligado a cruzar de vuelta por Torkham, el paso fronterizo más transitado que une Pakistán y Afganistán y por donde pasan hasta entre 4.000 y 6.000 personas al día. Su familia se quedó atrapada durante tres o cuatro días debido a la abrumadora congestión, recuerda. Desde marzo, la situación en Torkham no ha hecho más que empeorar. Los afganos que regresan se han enfrentado a cierres fronterizos, colapsos en los servicios migratorios, campamentos de tránsito con carencias y hasta desastres climáticos. A mediados de julio, por ejemplo, el paso fronterizo quedó interrumpido por las crecidas de agua repentinas que afectaron a la región. Tres refugiados afganos murieron y otros nueve resultaron heridos.

La implacable oleada de deportaciones es el resultado del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales que Pakistán puso en marcha en 2023 para expulsar a todos los ciudadanos extranjeros que considera que residen en el país de forma ilegal. A partir de ese año, se intensificaron las redadas, se colocaron avisos en los barrios afganos y los rumores de deportación se extendieron por las estrechas calles y los concurridos mercados. Algunas familias se marcharon discretamente tras las redadas nocturnas. Otras esperaron, con la esperanza de que la presión cediera. Pero, en 2025, la campaña se reforzó y las perspectivas para los afganos migrantes y refugiados empeoraron. La capacidad de tramitación de expulsiones no ha podido seguir el ritmo, provocando la congestión de la frontera.
Una crisis que se mide en millones
Torkham estuvo prácticamente cerrada entre octubre y marzo, cuando los enfrentamientos fronterizos con Afganistán se intensificaron hasta dar lugar a la Operación Ghazab lil Haq, una campaña militar pakistaní lanzada en febrero contra los talibanes y los militantes vinculados al grupo.
El paso fronterizo reabrió para los repatriados afganos a finales de marzo bajo estrictas medidas de seguridad, con toques de queda en los alrededores de la terminal y los trámites migratorios canalizados exclusivamente a través de Hamza Baba, un punto de tránsito a pocos kilómetros de Torkham. Tras la reapertura, los flujos de personas se dispararon en un 727% en menos de una semana, según datos de Acnur. El 95% de los repatriados indocumentados aseguraron que se habían marchado por miedo a ser detenidos.

Para quienes se encuentran en la frontera, las condiciones se están deteriorando rápidamente. Bagzari Hamid Ullah, una mujer de 34 años procedente de Sialkot y madre de cuatro hijos, esperó en el paso fronterizo de Torkham durante seis días sin comida ni refugio. Su marido había sido detenido durante una redada en Punyab en marzo y se vieron obligados a irse ese mismo mes.
“Era una niña, probablemente de seis o siete años, cuando llegamos a Pakistán. Me casé aquí. Formé mi hogar aquí. Mis hijos nacieron aquí”, cuenta a EL PAÍS. “La tumba de mi padre está aquí. Por eso, al marcharme de Pakistán, siento que he dejado atrás la parte más preciada de mí misma”.

Algunas familias explican que la espera se puede prolongar hasta por dos semanas. En marzo, un incendio en el bazar de Torkham destruyó decenas de tiendas, lo que redujo aún más los servicios disponibles para las personas varadas.
La de Afganistán es una de las crisis de desplazamiento más prolongadas del mundo. Las agencias internacionales estiman que más de 10 millones de afganos viven desplazados en el exterior como consecuencia de décadas de guerra y conflictos internos.
Irán y Pakistán, los dos países en los que viven más afganos exiliados, han intensificado sus campañas de deportación. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de seis millones de afganos han regresado desde estos dos países desde septiembre de 2023. Esto ha implicado un aumento súbito de la población del 10% en Afganistán.
Un nuevo desarraigo
Las autoridades pakistaníes afirman que la política responde a razones de seguridad nacional, control de la inmigración y soberanía. Apuntan a la migración irregular y al extremismo transfronterizo, y sostienen que la ley debe aplicarse por igual a todos. Sin embargo, sobre el terreno se ha percibido como el desarraigo de toda una población. Familias que construyeron sus vidas durante décadas en Islamabad, Rawalpindi, Peshawar y Sialkot fueron reclasificadas como extranjeras casi de la noche a la mañana. Se cerraron negocios, se retiraron puestos de trabajo y los propietarios se negaron a renovar los contratos de alquiler. Una familia tras otra comenzó a hacer las maletas para ir a un país que muchos de ellos nunca habían visto.
Los expertos de la ONU afirman que entre las personas obligadas a regresar se encuentran cientos de miles de menores, tanto de familias con documentación como sin ella. Solo en 2025, el 60% de los retornados eran menores de edad.
Abiha Nawaz, psicóloga consultora del Hospital Al Sheikh de Sialkot, afirma que el daño causado a estos niños es profundo. “Este tipo de desplazamiento es extremadamente perjudicial, porque a los niños les resulta difícil asimilar lo que se les ha arrebatado”, explica. El daño, añade, comienza con la pérdida del único hogar que han conocido. “La incertidumbre genera miedo y ansiedad en los niños, porque consideran que Pakistán es su hogar”, afirma Nawaz.
Mis hijas nacieron aquí. Aquí tienen su colegio, sus clases y sus amigos. Están muy tristes, porque están dejando atrás su infancia
Bagzari Hamid Ullah, mujer afgana
Para las niñas, advierte, la situación es aún más grave. “Mis hijas nacieron aquí. Aquí tienen su colegio, sus clases y sus amigos. Están muy tristes, porque están dejando atrás su infancia”, dice Ullah.
Bebés y niños enfermos
Los campamentos de tránsito en el lado afgano, como el de Omari, desempeñan un papel crucial. Se encargan de tramitar y controlar a los ciudadanos afganos que regresan a casa y de proporcionar ayuda humanitaria de emergencia. Pero también allí los funcionarios tienen dificultades para dar abasto e incluso se enfrentan a interrupciones debido a los recientes enfrentamientos transfronterizos y ataques aéreos, según explica Jawad Shinwari, que trabaja como voluntario en la frontera.
“Los niños se encuentran entre los más afectados”, afirma Shinwari. “Los bebés y los niños pequeños enferman y durante los aguaceros la gente se cubre con bolsas de plástico a falta de algo mejor”.
Muchos repatriados llegan a Afganistán con pocos o ningún recurso, tras haber vivido en Pakistán durante décadas. “No es posible empaquetar toda tu casa y mudarte a otro país”, señala Shinwari. “Los recursos en los campamentos también son limitados. Es frecuente ver escasez de alimentos, alojamiento y agua mientras la gente espera a que se tramiten sus expedientes”.
Los trabajadores humanitarios afirman que esto no ha hecho más que agravar la presión sobre las familias ya agotadas por el desplazamiento, y las organizaciones humanitarias sostienen que los retornos deben ir acompañados de garantías de derechos humanos.
“No tenemos ni hogar ni un alojamiento adecuado”, afirma Sumandar Khan, que viene desde Daska, en el norte de Pakistán y lleva más de una semana esperando cruzar. “Varios miembros de nuestra familia están enfermos y nos enfrentamos a graves dificultades económicas”. Al igual que muchos repatriados, espera que las autoridades concedan a su familia tierras y acceso a la asistencia sanitaria básica. En el lado afgano, el portavoz adjunto del Gobierno, Hamdullah Fitrat, afirmó en junio que habían asignado 42.614 parcelas residenciales a las familias repatriadas como parte de una iniciativa nacional de reintegración. Mientras, las proyecciones de la OIM apuntan a que casi 2,7 millones de personas saldrán entre abril y diciembre de 2026 en dirección al país de los talibanes.

