Madrid vende un edificio público por 16 millones y acaba pagando 26 para seguir usándolo
―He visto que te vas a gastar 25 o 35 millones de euros… Viene en el periódico. Menos mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis. Nosotros no tenemos ni un puto duro.
―Y nosotros tampoco.
La despiadada crisis que azota España en 2011 es el telón de fondo de la conversación que mantienen Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Ruiz-Gallardón, que en esa época ejerce como alcalde capitalino. La semilla de una dura decisión ya ha sido plantada. Con los mercados de deuda cerrados o a tipos indigestos, el Gobierno regional va a subastar al mejor postor los mejores edificios de su cartera. Necesita ingresos desesperadamente.
La operación culmina con Ignacio González al frente del Ejecutivo (2013-2015). Sus efectos quedan perfectamente retratados por el refranero español: pan para hoy y hambre para mañana. Por la venta de ocho edificios emblemáticos, Madrid obtiene 128.469.345,72 euros. A cambio, pierde la propiedad y vacía el patrimonio de los madrileños.
Peor: como la Administración se queda dentro de los edificios como inquilina, acaba pagando 101.539.935 euros en alquilar aquello que antes era suyo, según documentación a la que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Es decir, emplea en alquileres catapultados por la inflación durante una década una cifra equivalente al 79% de lo que ganó con las ventas. En tres casos, además, sigue pagando. Incluso peor: con el alquiler de un edificio ha acabado perdiendo dinero. Más de 10 millones.
Se trata del bloque situado en Vía Lusitana, 21, en el distrito de Carabanchel de la capital de España. Madrid lo vendió en 2014 por 16.697.835,73. Sin embargo, en las entrañas del edificio siguió ofreciendo espacio para desarrollar las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que dedicaba la infraestructura a labores de archivo, formación o atención a los ciudadanos. En julio de 2026, cuando expiró el contrato de alquiler, Madrid se había gastado 26.825.490 euros en el alquiler, según cifras proporcionadas por la Administración autonómica en respuesta a una petición de información amparada por la ley de transparencia. Es decir, se había gastado 10 millones más de lo que había ingresado originalmente.
Visto como una operación financiera, vender el edificio y seguir dentro alquilándolo se pareció a obtener liquidez en un momento desesperado a cambio de asumir, en la práctica, un coste financiero elevado, además de perder la propiedad del inmueble. No es un caso único. La diferencia entre lo ingresado por vender la sede de Madrazo 34 y lo gastado en alquileres apenas es de 12.241 euros. Caso opuesto son los tres alquileres de Gran Vía, extinguidos en 2018, 2019 y 2024, y con un sustancioso balance millonario en favor de la Administración regional.
Una operación de resultados dudosos que todavía se conjuga en presente.
Así, el contrato de alquiler que afecta al edificio de la calle Madrazo, 34 estará vigente hasta finales de 2027, como el de la calle Embajadores 181; y el de Carrera de San Jerónimo, 13, bien cerquita del Congreso, hasta 2032. En este caso, lo previsible es que la Comunidad acabe perdiendo dinero, pues apenas tiene 145.000 euros de margen entre lo ingresado y lo ya gastado, cuando queda un quinquenio de contrato.
En consecuencia, la diferencia entre lo ingresado con las ventas y lo gastado con los alquileres de esos mismos edificios se seguirá reduciendo. Al día de hoy, es de poco menos de 26,9 millones de euros: los alquileres se han comido el 79% de lo que se ganó con una operación que vació parte del patrimonio público de la Comunidad de Madrid.
Burbuja inmobiliaria
No fue la única con la firma de Ignacio González. El entonces presidente, que estos días afronta su primer juicio del caso Lezo por los amaños del campo de golf del Canal de Isabel II, vende, por ejemplo, una promoción de 2.935 viviendas públicas por 201 millones. En 2025, el Gobierno de Ayuso tuvo que recuperar las 1.721 que todavía no había vendido el fondo comprador en el mercado libre, pagando a cambio de ello 111 millones de euros. Y ahora, en 2026, la Cámara de Comercio le ha vendido el terreno de Vía Lusitana 21 a una empresa que quiere construir allí 162 pisos.
El objetivo es levantar un edificio de nueve plantas con viviendas de uno, dos y tres dormitorios que disfrutarán de servicios comunes como piscina, pádel, gimnasio y centro de wellness en los 14.460 metros cuadrados de superficie construida del complejo.
De esta manera, Madrid sigue afrontando las consecuencias de aquellas gestiones de la época de la crisis por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se llevó tantas cosas por delante: todavía quedan tres edificios de los que decidió vender González en los que la Comunidad de Madrid sigue pagando el alquiler.
